Apelación N.º 000189-2023

Sumilla

.Es verdad que el examen de las computadoras del personal de la AMOF debió contar con la autorización de los servidores afectados en aras de evitar la vulneración del derecho a laintimidad y a la protección de datos personales, más allá de que la extracción fue autorizada por eltitular de la AMOF y realizada por personal técnico de esa institución, pero también lo es que laconversación cuestionada no se refería al ámbito de la privacidad del encausado ORLANDO MIGUELMARCHINARES CORTEZ, que desde un primer momento no hubo oposición a su veracidad desde lospropios afectados –así lo mencionaron los acusados en la diligencia pericial de obtención de vocesindubitadas, siendo lo más relevante, como ya se anotó, que tal conversación no afectaba laintimidad de los intervinientes en ella, pues se trataba de la ejecución de un delito de corrupción, lo que excluye la necesidad de orden judicial y determina la necesidad de su pronto y urgenteesclarecimiento. Tampoco se acreditó que las copias alteraron el contenido de la fuente original y que éstas a su vez se manipularon, así como también está probado pericialmente que las vocescorresponden a los encausados ADOLFO MATTOS VINCES y ORLANDO MIGUEL MARCHINARESCORTEZ. Es de insistir que el encausado ORLANDO MIGUEL MARCHINARES CORTEZ en su declaraciónplenarial reconoció que él grabó las conversiones cuestionadas con su coencausado ADOLFOMATTOS VINCES, así como que tras grabarlas en su celular las volcaba a la computadora personal que tenía asignada en la AMOF, ello –según expresó– para evitar perder la data si le roban el celular o lo pierde. Así las cosas, no es de recibo sostener que se está ante una prueba ilícita

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